El proceso de entrega-recepción en el estado de Quintana Roo se rige por un marco legal específico que establece las obligaciones y procedimientos para la transición ordenada de responsabilidades entre servidores públicos. La normativa principal es la Ley de Entrega y Recepción de los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Públicos Autónomos y de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, expedida mediante el Decreto número 165 y publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el día 16 de diciembre de 2021; ha presentado dos reformas, la primera el 18 de marzo de 2022 mediante el Decreto 224 y la segunda en fecha 24 de julio de 2024, por medio del Decreto Número 257, por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones, mismas que entraron en vigor a partir del día siguiente al de su publicación.
El objeto de la citada Ley, es establecer las disposiciones generales conforme a las cuales las personas servidoras públicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en los Poderes del Estado, Órganos Públicos Autónomos y en los Municipios del Estado de Quintana Roo, así como las personas servidoras públicas que administren, manejen, recauden, apliquen o resguarden recursos económicos federales, estatales o municipales, sea cual fuere la naturaleza de su nombramiento o elección en cualquier otro ente, de entregar a quienes legalmente los sustituyan o a quienes se designen para tal efecto al término de su empleo, cargo o comisión, los recursos financieros, patrimoniales, documentos y en general los asuntos que hayan tenido a su disposición y demás información generada en el ejercicio de sus funciones.
Este conjunto normativo asegura que las transiciones en la administración pública estatal se realicen de manera transparente, ordenada y conforme a la ley, promoviendo la rendición de cuentas y la continuidad en la gestión gubernamental.
